Los maltratos maquillados

Jueces que conceden órdenes de alejamiento sin suficientes indicios. Abogados que aconsejan a sus clientas que denuncien por malos tratos aunque no los haya. Policías que detienen a hombres sabiendo que son inocentes. Mujeres que se inventan hechos que no han ocurrido… cada día se registran, en España, 400 denuncias por malos tratos pero, ¿cuántas de ellas son reales?

Nuria Vázquez (BARCELONA)

Mujeres “sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar”. Así las define la jueza María Sanahuja, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces por la Democracia y la Plataforma Otras Voces Feministas. Habla de aquellas mujeres que, por su propia conveniencia, denuncian por malos tratos a sus parejas sin haberlos recibido. Que conocen perfectamente, o les han hecho conocer, el proceso que se llevará a cabo en cuanto acudan a la comisaría: la policía trasladará al juzgado la denuncia y citará a ambas partes para que el juez tome una decisión en unas horas. La única prueba: su propia palabra. Estas mujeres saben que, en tal caso, se pasará por alto la presunción de inocencia. Su marido será expulsado del hogar automáticamente.

La justicia no siempre hace honor a su nombre. A menudo se llevan a cabo trámites judiciales con fines que poco tienen que ver con perseguir a quien comete delitos. “Todo ello no está controlado ni contabilizado, porque la justicia de este país no controla ni lo que tramita”, sentencia Sanahuja, “las estadísticas judiciales son aproximadas y confeccionadas manualmente”. 

Un panorama desolador para quienes confían en la pureza de las leyes. Como muchos de estos hombres que son denunciados falsamente con un único fin: que la parte denunciante resulte beneficiada. Quedarse con la custodia de los hijos o con unos cuantos euros más en el monedero a final de mes. Para esta jueza, “muchos hombres que han sido objeto de una denuncia falsa y tienen pruebas para demostrarlo no lo denuncian porque, si tienen hijos en común, enconar el conflicto perjudica su relación con ellos, e incluso pueden verse alejados”.

Jesús Arapiles, fundador de la Oficina del Defensor del Hombre y sus Hijos, lleva años luchando contra este tipo de prácticas. Su indignación le lleva a referirse al Instituto de la Mujer como el “Instituto Contra el Hombre”. Atribuye gran parte de culpa a los médicos forenses. Según él, “como si él lo hubiera presenciado, siempre añadirá por escrito el canallesco dato de que ese moratón o dolencia habrá sido por agresión de la ‘víctima’ que la mujer le haya contado”.

La figura de la mujer era, antaño, símbolo de inferioridad y debilidad. Hoy, ha pasado a ser suficiente para detener inmediatamente a un hombre y acordar una orden de alejamiento expulsándolo, automáticamente, de su domicilio familiar. Un total desequilibrio entre una situación y otra en la que no se ha encontrado un punto medio. El motivo, para Sanahuja, es “un Código Penal excesivo y una práctica policial y judicial que actúa por miedo y autoprotección, para que no pueda afirmarse en los medios de comunicación que no hemos hecho nada. Por eso hacemos ver que hacemos algo, con muy escasa eficacia”.

Mujeres aterradas incapaces de utilizar los beneficios de una ley, frente a mujeres que la utilizan de una manera aterradora. De nuevo el desequilibrio en la balanza de la justicia.

La Ley Integral contra la Violencia de Género fue aprobada por unanimidad por el Parlamento. Se creó con un objetivo bienintencionado: acabar de raíz con la violencia que provoca la muerte a muchas mujeres. Hoy, cuatro años más tarde, mueren las mismas que antes. Algo falla en el sistema judicial, y los jueces lo saben. La solución, para la magistrada, “no vendrá de un feminismo victimista y revanchista”. Sin embargo, “estamos para cumplir la ley, aunque sea nefasta” recalca, impotente.